Por Redaccion 
Ramón Vargas
De acuerdo a lo explicado por los diputados que presiden las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mercado Zamora y Eduardo Lugo López, respectivamente, la reforma al Poder Judicial de Nayarit se hizo bajo la consideración de ponerse en sintonía con la política de austeridad que entrará en vigor a partir del próximo mes de diciembre, implementada por el gobierno que de la República que encabezará Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto se señala que, si bien el Congreso local aprobó la reducción del número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, también se aprobó que, en la conformación del Consejo de la Judicatura se integren un representante del Poder Ejecutivo y uno más del Poder Legislativo, los cuales estarían percibiendo un salario igual a los jueces del Poder Judicial.
Es cierto que habrá mayoría de magistrados en el Consejo, se compone de 5 elementos, lo que indica que no puede haber intromisión en lo que se refiere al trabajo sustancial de este poder, que es la jurisprudencia, aunque se tenga la función fiscalizadora y de auditorías para evaluar el desempeño.
Y s se mantiene el tema de la austeridad, también es cierto que hay la propuesta, por parte del mismo Congreso local, de incrementar de 3 a 5 el número de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que traería como consecuencia una mayor erogación en esta instancia, razón por la que no se puede sacar una cuenta exacta de los ahorros que se lograrían, porque todo sale de un mismo presupuesto para la administración de la justicia.
Del mismo modo la reforma se apoyó en la propuesta de combatir la corrupción dentro del Poder Judicial, y en este apartado se puede decir que hay bondades en la misma que pueden citarse, como el hecho de contar para la jurisprudencia con la figura de jueces naturales, es decir, con jueces que garanticen un trabajo profesional respaldado por sus conocimientos y capacidad para ejercer en materia de derecho.
Está también en este apartado la Comisión de Ética, misma que de ser permanente tendría una importante función precisamente en lo correspondiente al freno de la corrupción; desafortunadamente la aprobación de su creación fue en un artículo transitorio, lo cual quiere decir que puede ser corta su temporalidad.
Ahora bien, si la reforma local se hizo con la intención de obtener mejores resultados en la impartición de justicia, hay que dejar claro que a nivel federal se plantean reformas al sistema Judicial que seguramente habrán de impactar en lo aquí ya hecho, porque ninguna ley puede estar por encima de lo que ordena la Constitución General de la República.
Tenemos por ejemplo que en Nayarit se aprobó que el periodo en la presidencia del TSJ sea por un año, con derecho hasta tres reelecciones, mientras que a nivel federal se plantea, en la fracción tercera del artículo 116 de la iniciativa presentada al Senado de la República, que el pleno del Poder Judicial elija a un presidente por 4 años sin derecho a reelección. Si bien podría interpretarse esto como irrelevante por la posibilidad de una cobertura igual en la presidencia, también se puede considerar que en la aprobación local está de por medio el interés político con miras a obtener el control del TSJ, por parte de otro poder del estado.
Son pues muchos los puntos por analizarse en este importante paso dado por el Poder Legislativo de Nayarit, pero por lo pronto, se informa que será el día 28 de este mes cuando en el TSJ se realice el cónclave de magistrados para elegir al nuevo presidente del Poder Judicial, mismo que habrá de sustituir en el cargo a Pedro Antonio Enríquez Soto, quien deja la presidencia pero permanece un año más como magistrado. El nuevo presidente será el primero en cubrir el periodo de un año, con derecho hasta a 3 reelecciones.
De la reducción del número de magistrados se da a conocer que será hasta septiembre de 2019 cuando salgan 2 de los 4 que en una primera etapa quedarán fuera, y los primeros serían Ramón Marmolejo y Raúl Gutiérrez.
Ellos, al igual que los otros 2 que saldrán posteriormente, tendrán derecho a la evaluación para una posible reelección, pero para quedar en algunos de los 7 espacios que quedarán de entre los 11 que estarán cuando ya se haya dado la primera depuración con la salida de 2 de los 13 magistrados estarían en el Poder Judicial.
Se prevé sin embargo que ninguno de los que habrán de terminar su periodo habrá de promover su evaluación, para no correr el riesgo de ser exhibidos en procesos donde seguramente no se les daría ninguna oportunidad.
Hay cosas aún por verse como resultado de la reforma a nivel local, pero por lo pronto hay que estar pendientes de quién obtendrá el apoyo de sus compañeros para convertirse en el nuevo presidente del TSJ.