Tepic// Ramón Vargas.- Ante los diputados integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez Soto, tuvo una intervención para fijar su postura en torno a la iniciativa mediante la cual se propone reformar el Sistema de Justicia Laboral y la conformación del Poder Judicial de Nayarit.
Acompañado por casi la todos los magistrados del TSJ, así como por algunos jueces, Enríquez Soto expresó, también ante los diputados que se acreditaron para estar presentes en la reunión de este martes por la mañana en la sede legislativa, que se requiere de una reforma que garantice a los ciudadanos un sistema judicial con independencia en sus decisiones. El único límite sería la ley y la dignidad de las personas, puntualizó.
Añadió que lo ideal es tener una reforma que procure el fortalecimiento presupuestal, para que deje de ser un medio de tentación política cada que se negocian los presupuestos anuales. También tendría que ser una reforma que empodere a los jueces, que le dé valor fundamental a los juzgadores, como entes de equilibrio social, para que sus decisiones sean respetadas.
Advirtió que, querer revivir modelos que en el pasado reciente fueron superadas, no abona a ese propósito, y por el contrario, se resta fortaleza a una institución a la que se tiene que proteger.
En una democracia, agregó, la tarea del Poder Judicial es la de ser el instrumento pacífico para dar cauce a la inconformidad y la confronta social, e indicó que sin jueces independientes, fortalecidos en sus necesidad vitales y con salarios dignos y garantías para el ejercicio de sus atribuciones, se pone en riesgo la estabilidad del estado de derecho.
Dicho lo anterior, Enríquez Soto convocó a los integrantes de la actual legislatura local, a apostarle a una reforma judicial cuyo propósito central sea hacer posible los postulados de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal, ya que impulsar y garantizar la independencia judicial es una obligación no sólo de corte constitucional, sino que es una condición indiscutible del sistema democrático.