Por: Ricardo Esquivel Castañeda
Como todos sabemos, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador prometió al pueblo que su gobierno iba a ser diferente, que iba a acabar con las injusticias; ya va para cuatro años de su administración y no se ve que las cosas estén cambiando, el estado de derecho tan cacaraqueado por nuestros gobernantes para atraer la simpatía de la ciudadanía se sigue violentando, se sigue manipulando, y con ello se demuestra que el aparato del Estado no está por encima de la sociedad, al servicios de todos, sino que es clasista porque defiende y protege los intereses de las élites económicas y políticas de este país.
Para empezar, ni el propio presidente de la república respeta el estado de derecho, se ha acusado de corrupción a gente muy cercana a él y nunca se les castiga, al contrario, se les defiende y todavía se les considera como “honestos”; a nosotros como organización social nos consta cómo el ejecutivo acusa y calumnia sin poner denuncia, sin comprobar nada, la ley para él no existe, basta con que acuse a alguien para que ya sea aceptado como cierto y los derechos de las personas, rechazados; la violación a la ley es, pues, una constante en temas de la salud, de vivienda, de seguridad, derechos ciudadanos, etcétera, afectando sobre todo al pueblo más pobre.
Por lo anterior, no es casual que los gobernantes de menor nivel, como gobernadores y presidentes municipales, de igual o de distinta sigla partidista a la del ejecutivo federal también pisoteen la ley, y no pasa nada, porque ambos grupos políticos en el fondo coinciden en la defensa de los intereses de la clase en el poder.
De esos casos destaca el gobierno del Estado de Hidalgo, que, en vez de estar preocupado por combatir la pobreza de su estado, le molesta, le irrita que los pobres se organicen y le exijan atención a sus problemas sociales.
Veamos ahora la siguiente cita de www.milenio.com del 5 de agosto del 2021, “La población de Hidalgo en condición de pobreza, pobreza extrema y moderada incrementó del 2018 al 2020 de acuerdo con la Medición de Pobreza 2020 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En 2018 el estado tenía un porcentaje de población en situación de pobreza del 49.9 por ciento y en 2020 incrementó a un 50.8 por ciento, de un millón 517 mil 200 personas se elevó a un millón 570 mil 600 personas.”
Como podemos ver, las cifras de miles y miles de hidalguenses que en estos momentos sufren y viven mal por carecer de alimentos, vivienda, agua, drenaje, pavimento y carreteras, reprueban al gobierno actual y lo exhiben como un mal gobierno que no les cumplió a sus ciudadanos.
Y es aquí en este contexto donde surgen muchos ciudadanos que cansados ya de que no se les escuche y no se les resuelvan sus carencias, se han organizado en las filas del Movimiento Antorchista Hidalguense como una medida natural de defensa para que puedan ser escuchados.
Los antorchistas (estudiantes, colonos, campesinos e indígenas) son parte de esa masa de pobres que exigen del gobierno del estado solución a sus necesidades, y como ya es sabido, no cesarán en su lucha por alcanzar a tener una vida mejor.
Por ello han organizado marchas, mítines, eventos culturales de denuncia, y el gobierno insensible, ni los ve ni los escucha, al contrario, en vez de escucharlos y analizar los problemas de los antorchistas han pasado a la represión abierta, brutal, haciendo uso de la fuerza pública para reprimir las manifestaciones y callarlos.
Por último, para apretar más la tuerca contra los revoltosos, el día 17 de junio fue detenido y encarcelado contra todo derecho, Domingo Ortega Butrón, activista destacado del Movimiento Antorchista en Pachuca. Domingo fue citado por el secretario de Movilidad y Transporte en la entidad para que ultimara las diligencias y le fueran entregadas las dos unidades de transporte público que habían cometido el “delito” de trasladar a los jóvenes a una manifestación, pero en lugar de recibirlo el secretario, como se había comprometido, fue “recibido” por agentes ministeriales que se lo llevaron preso; se le acusa, según dicen, de “ataque a las vías de comunicación”.
Por nuestra parte señalamos que Domingo no ha cometido ningún delito, es víctima de la represión política del gobierno estatal.
En Hidalgo también se está violando el estado de derecho, ya sin freno alguno se reprime y encarcelan a los líderes sociales, política represora que debería de ser motivo de gran preocupación de todos los mexicanos porque si ahorita no reaccionamos y exigimos respeto a nuestros derechos, mañana tal vez sea ya demasiado tarde.
Ante este problema, el antorchismo nacional exige alto a la represión política y libertad a nuestro preso político Domingo Ortega.
De todo lo anterior podemos concluir que los pobres si quieren vivir bien, necesitan organizarse y luchar para hacerse escuchar y defenderse de los malos gobernantes, solo así el pueblo será escuchado.