Este miércoles, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso para compensar a 48 ecuatorianos por la masacre de migrantes ocurrida hace ocho años en San Fernando, Tamaulipas a manos del crimen organizado.
Uno de ellos es sobreviviente y el resto son familiares de cinco de los fallecidos.
La reparación se da por primera vez a ocho años de la masacre y contempla medidas de restitución, rehabilitación y no repetición.
El proceso arrancó con una reunión en Quito, Ecuador, entre el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, y autoridades de ese país.
Y aunque no detallaron los montos económicos que habrían de distribuir entre las víctimas, aseguraron que las medidas de compensación fueron determinadas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.
“(…) por motivos de seguridad y protección a las víctimas, dichos montos no deben hacerse públicos”, expuso la CEAV en un comunicado.
Durante la reunión, Jaime Rochín afirmó que la matanza constituye uno de los capítulos más dolorosos en la historia de México, y a nombre del Estado mexicano, expresó su solidaridad a las víctimas y a sus familiares.
“Ahí hay un reconocimiento específico del Estado mexicano de que estos hechos fueron violatorios graves de derechos humanos y que, en ese territorio, en esas fechas, existía una situación especial de dominio (del crimen) y de graves violaciones a derechos humanos”, señaló el funcionario mexicano.
Los migrantes fueron blanco de los cárteles de la droga durante los peores años de la guerra contra el narco; estos operaban también a través del secuestro de los autobuses que transitaban por las autopistas de Tamaulipas.
En agosto de 2010, 72 centroamericanos fueron asesinados por Los Zetas, uno de los cárteles más sanguinarios, en San Fernando, una localidad de Tamaulipas (frontera con Estados Unidos).
El hecho conocido mundialmente como la masacre de San Fernando fue contado por dos sobrevivientes. Uno de ellos, un acuatoriano que logró huir y pedir ayuda, él fue uno de los indemnizados.
Cabe señalar que, a ocho años de la matanza, no hay ni una sola persona condenada, según la Fundación para la Justicia, que ha apoyado a los familiares de las víctimas.
Las autoridades han detenido a decenas de presuntos responsables y mantienen procesos en curso en contra de varios de ellos, pero no ha logrado ninguna sentencia condenatoria.
En noviembre del año pasado, las autoridades detuvieron a Jesús Jaramillo Silva, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y lo trasladaron a la Ciudad de México.
El hombre de 56 años, identificado por el Gobierno mexicano como jefe del grupo delictivo que coordinó el homicidio de los 72 migrantes, falleció dos días después en un hospital después de ser intervenido quirúrgicamente.
La masacre de San Fernando no fue la única perpetrada por el crimen organizado.
En abril de 2011, las autoridades hallaron otros 193 cadáveres en diversas fosas en el mismo municipio.
En diciembre de 2014 el National Security Archive, un instituto de investigación de la Universidad George Washington, reveló que los agentes municipales de San Fernando también participaron en la masacre. Sobre este hecho, en marzo de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció como víctimas a los familiares de dos migrantes asesinados por los Zetas y encontrados en cementerios clandestinos en 2011. El fallo considerado histórico se logró tras una lucha de casi cinco años por parte de los familiares y organizaciones sociales.
(Con información de El País)