“Les exhorto de manera tajante que cumplamos debidamente con nuestras funciones, pues de no hacerlo, seremos sancionados y enviados a prisión”, pide la diputada presidenta, Alba Cristal Espinoza Peña a sus homólogos.
Por: Bertha Alvarez
La Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 247 del Código Penal para el Estado de Nayarit en materia de cohecho en castigo de servidores públicos del estado y municipios, incluyendo por primera vez a los diputados que “que soliciten o reciban indebidamente dinero o cualquier otra dádiva por dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión”.
La modificación aprobada de manera unánime, presentada por la presidenta del Poder Legislativo, Alba Cristal Espinoza Peña, subraya la necesidad aplicar sanciones con “mano dura” en combate frontal a la corrupción, con castigos que van hasta los nueve años de prisión, multas económicas y la inhabilitación en la función pública.
El delito de cohecho solo se hacía observancia en servidores o funcionarios públicos de menor rango, como “la mochada de tránsito”, o la dotación de una “dádiva” para agilizar un trámite administrativo, sin embargo, la reforma, hoy aprobada por el pleno legislativo faculta a la Fiscalía General, enviar a prisión, multar y suspender de la función pública a Secretarios, Diputados, Directivos, Presidentes Municipales y cuanto servidor público “que quieran sacar provecho de sus cargos”.
Con dicha reforma se acabaran los diezmos en la adjudicación de obras, servicios o firmar convenios a favor de particulares y los diputados maiceados con algún beneficio “para aprobar el presupuesto de egresos o Leyes de Ingresos que competen asignación de recursos a un ente público, otorgamiento de contratos de obra pública, arrendamientos o los contratos de prestación de servicios”, afirmó la presidenta del legislativo al hacer uso de la tribuna para exponer los alcances de la primera y asertiva iniciativa que presentó y que son su publicación en el Diario Oficial se convierta en Ley.
Lo que significa que si “la de la voz, su humilde servidora, algunos de ustedes compañeros legisladores, algunas de ustedes, compañeras legisladoras, corrompemos o vendemos el servicio público, podremos ser sancionados penalmente y con ello hasta llegar a la cárcel o multarnos con cantidades monetarias elevadas por corromper o vender el servicio público”.
La presidenta del Poder Legislativo, Espinoza Peña, exigen en este sentido, “no más actos de corrupción en los Ayuntamientos de nuestro estado, por ello, envío un mensaje claro y respetuoso, ya basta de sacar provecho de sus cargos públicos. No más el pueblo nos eligió para respetar y hace valer el debido funciona miento de la administración pública, no para obtener beneficios propios”.